Veinte días atrás, el diputado federal y general de división retirado Roberto Badillo Martínez dijo en San Lázaro a Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno calderonista, en referencia a las negociaciones del llamado Plan México, que puede haber cooperación con Estados Unidos, “pero no humillación a nuestro país; que haya coordinación, mas no entrega de nuestra soberanía (…) no queremos militares norteamericanos disfrazados de civiles en nuestro país, ni tampoco mercenarios, sean civiles o militares, tampoco asesores de ese país en México”.
El militar veracruzano advirtió durante la visita de la funcionaria federal: “no queremos ninguna cooperación que no sea pagada por el gobierno mexicano. El armamento de todo tipo debe ser pagado; vehículos de tierra, helicópteros, aviones y material de comunicaciones deben ser pagados; asesorías y adiestramiento a policías, a militares o civiles mexicanos, deben ser pagados y efectuados fuera de nuestro territorio”.
Badillo Martínez había denunciado en la tribuna de la Cámara de Diputados el 7 de septiembre pasado que “la compañía Sy Coleman, de Arlington, Estados Unidos, que presta servicios al Pentágono, está ya solicitando personal con experiencia militar mínima de tres años para ocupar puestos de técnico en centros de operaciones de vigilancia aérea en diversos lugares de Veracruz; que sepa manejar vehículos aéreos no tripulados y con experiencia también en helicópteros y aviones. Estos vehículos aéreos no tripulados cuentan con cámaras de visión nocturna y envío de imágenes en tiempo real y pueden lanzar misiles dirigidos a personas catalogadas como enemigas de Estados Unidos”.
El general Badillo, quien es secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, aseguró que en Relaciones Exteriores no conocen la historia de México y dejó asentado que “los funcionarios implicados en esta negociación serán responsables ante la historia”, por lo cual pidió que lo relacionado con el tal Plan México sea tratado de manera abierta y que “el Senado, donde seguramente hay globalizadores, pero también patriotas”, participe, “actuando en defensa de la soberanía de la nación”.
Por desgracia, el que se prepara bajo el nombre popular de Plan México no sólo simula perspectivas de éxito donde hay condiciones ciertas de fracaso, sino que conlleva efectos indeseables en ámbitos distintos al de la lucha contra las drogas: la soberanía nacional y la vigencia de los derechos y libertades fundamentales en territorio nacional. En el primer caso, existen diversos precedentes de la tendencia estadunidense a abusar de mecanismos de cooperación bilaterales para realizar acciones de espionaje, intervenciones encubiertas en la vida política de los países anfitriones y chantajes diplomáticos como el que experimentó el ex presidente Eduardo Samper en Colombia.
En el segundo, basta con ver la desastrosa situación de ese país en materia de derechos humanos y recordar que en diciembre del año pasado el Tribunal Permanente de los Pueblos, sección Colombia, condenó a Estados Unidos por la incidencia de la cooperación bilateral en las violaciones a tales derechos. Casi tres años antes la Federación Internacional de Derechos Humanos destacó que “la influencia bélica ha tenido una serie de efectos nocivos, entre los que se destaca la destrucción de la democracia por fortalecimiento del poder militar que en América Latina se ha distinguido históricamente por la corrupción, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional ”.
Por las razones referidas, cabe esperar que el Congreso estadunidense niegue los fondos solicitados por George W. Bush. En México es necesario que el Poder Legislativo haga otro tanto e imposibilite, así sea por la vía presupuestal, la realización de un proyecto de cooperación equívoco, ominoso y gravemente perjudicial para nuestro país. La sociedad, por su parte, debe movilizarse para exigir que se suspenda la aplicación de un acuerdo que sería una tragedia para México
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